/ lunes 12 de agosto de 2024

Poliescenarios / De la vulnerabilidad de sistemas energéticos a los refugiados climáticos

Luz María Gallardo Castro

Los proyectos de descarbonización del sector de energía en la región de América Latina son congruentes con relación a los compromisos internacionales para contribuir a la mitigación del cambio climático. No obstante, el impacto de estas acciones a nivel mundial se mantiene bajo, puesto que la región latinoamericana contribuye apenas con el 8% del total de emisiones de dióxido de carbono, mientras que su sector energético con 3.5%. En contraste, resulta cada vez más preocupante la vulnerabilidad de los sistemas energéticos a los efectos del cambio climático, existiendo riesgos notables.

Para comprender mejor las aristas de esta situación, es importante señalar que la vulnerabilidad dentro de este contexto puede definirse como la propensión o predisposición de un elemento a verse afectado negativamente por el cambio climático y depende de la sensibilidad o susceptibilidad al daño del propio elemento y su falta de capacidad para hacer frente y adaptarse.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, en los últimos casi 25 años los fenómenos climáticos causaron 312 mil muertes y afectaron de manera directa a más de 277 millones de personas en América Latina y el Caribe. Como se mencionó, las consecuencias del calentamiento global no se exacerban solo en el futuro, sino que es una realidad imperante que va sumando afectaciones a cientos de personas año con año, propagadas a su vez por las características particulares de esta región.

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), esta situación se intensifica por factores como la desigualdad, la pobreza, la ocupación en lugares de alto riesgo, crecimiento poblacional y una densidad elevada, aunado a la falta de planificación sostenible de la explotación de recursos naturales.

Las consecuencias del cambio climático son tales que ha tenido una influencia importante en la movilidad humana de América Latina. Se estima que para el año 2050 existan 17 millones de migrantes climáticos, esto de cumplirse los escenarios menos alentadores. Desafortunadamente, los estados de la región aún no tienen planeación para garantizar los derechos de las personas frente a esta crisis.

El caso de Panamá: Movilización de una isla

Hace casi doscientos años, la pequeña isla de Cartí, Panamá, representaba un hogar para la etnia Guna. Hoy en día se inunda con rapidez bajo los estragos del cambio climático, y de acuerdo con expertos, se estima que se sumerja por completo en 2050. Esta es la primera vez que un Estado latinoamericano reubica a una comunidad completa de refugiados climáticos, de acuerdo a datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En el Gobierno del ahora expresidente panameño Laurentino Cortizo, se invirtieron 12.2 millones de dólares para desarrollar la infraestructura necesaria para albergar a más de mil trescientas personas en situación de peligro.

Sin embargo, lo anterior careció y ha carecido de una planeación adecuada por el mencionado rezago de los Gobiernos a hacer frente a este tipo de desafíos, que, a su vez, se tornan complejos debido a diferentes circunstancias. Por ejemplo, la mudanza de los pobladores de la isla originaria de Cartí hasta el nuevo destino (situado a una hora por carretera y lancha), comenzó sin los servicios básicos de agua y luz, por lo que parte de esta comunidad mostró su inconformidad ante ello, así como con demás aspectos relacionados a su cultura. Atilio Martínez, historiador Guna declaró “El Gobierno construyó cajas de fósforos que no tienen en cuenta nuestras tradiciones indígenas; no nos tuvieron en cuenta, nos sacan corriendo de aquí como si se fueran a hundir mañana. No es así ni vamos a ser los únicos”.

La comarca de Guna Yala lleva décadas adaptándose al incremento del nivel del mar. Como parte de las medidas que han llevado a cabo se encuentra la ampliación de la isla con relleno de corales y cemento, así como la reubicación de casas de la orilla al centro.

En relación con lo anterior, se constata que el desplazamiento por condiciones climáticas es un suceso suficientemente complejo que implica el análisis multidimensional de cada uno de los casos que conlleven una situación de riesgo.

El caso de México

A casi cuatro mil kilómetros de Panamá, se encuentra otra situación de urgencia y gran preocupación: La comunidad “El Bosque”, Centla, Tabasco.

Aunque desde hace varios años la población vivía las consecuencias del impacto climático, es a partir de los años 2020-2021 cuando la situación empeoró de manera significativa, volviendo imprescindible su traslado. Con ello, se convirtieron en la primera comunidad reconocida como desplazada climática en México y sujeta a un proceso de reubicación comunitaria.

Bajo el apoyo y presión de líderes de familias y diversas organizaciones civiles, en 2022 se exigió y promovió el desplazamiento de los pobladores; Posteriormente, fue aprobado por unanimidad un dictamen para reubicarlos y devolverles de esta manera una mayor seguridad y el derecho a una vida digna.

El derecho a un medio ambiente sano

Actualmente, diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales y otros actores, continúan en la lucha para la protección de los derechos de la población que sufre estragos a consecuencia de los efectos del cambio climático. Los casos de Panamá y México, son tan solo algunos de los que -desafortunadamente- se presentan como consecuencia de la precariedad de planes tanto regionales como globales para la mitigación de los gases de efecto invernadero, por lo que se estima que de continuar estas mismas condiciones, cada vez más comunidades quedarán desprotegidas, por lo que esta situación debe tratarse como la emergencia que representa, de la mano de todos los niveles de gobierno y con el reforzamiento de la cooperación internacional.

LUZ MARÍA GALLARDO CASTRO es licenciada en Negocios y Comercio Internacionales por la Universidad de Sonora, maestra en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Compostela, España y estudios especializados en la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como consultora independiente y profesora en la Coordinación de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Twitter @LMariaGallardo.

Luz María Gallardo Castro

Los proyectos de descarbonización del sector de energía en la región de América Latina son congruentes con relación a los compromisos internacionales para contribuir a la mitigación del cambio climático. No obstante, el impacto de estas acciones a nivel mundial se mantiene bajo, puesto que la región latinoamericana contribuye apenas con el 8% del total de emisiones de dióxido de carbono, mientras que su sector energético con 3.5%. En contraste, resulta cada vez más preocupante la vulnerabilidad de los sistemas energéticos a los efectos del cambio climático, existiendo riesgos notables.

Para comprender mejor las aristas de esta situación, es importante señalar que la vulnerabilidad dentro de este contexto puede definirse como la propensión o predisposición de un elemento a verse afectado negativamente por el cambio climático y depende de la sensibilidad o susceptibilidad al daño del propio elemento y su falta de capacidad para hacer frente y adaptarse.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, en los últimos casi 25 años los fenómenos climáticos causaron 312 mil muertes y afectaron de manera directa a más de 277 millones de personas en América Latina y el Caribe. Como se mencionó, las consecuencias del calentamiento global no se exacerban solo en el futuro, sino que es una realidad imperante que va sumando afectaciones a cientos de personas año con año, propagadas a su vez por las características particulares de esta región.

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), esta situación se intensifica por factores como la desigualdad, la pobreza, la ocupación en lugares de alto riesgo, crecimiento poblacional y una densidad elevada, aunado a la falta de planificación sostenible de la explotación de recursos naturales.

Las consecuencias del cambio climático son tales que ha tenido una influencia importante en la movilidad humana de América Latina. Se estima que para el año 2050 existan 17 millones de migrantes climáticos, esto de cumplirse los escenarios menos alentadores. Desafortunadamente, los estados de la región aún no tienen planeación para garantizar los derechos de las personas frente a esta crisis.

El caso de Panamá: Movilización de una isla

Hace casi doscientos años, la pequeña isla de Cartí, Panamá, representaba un hogar para la etnia Guna. Hoy en día se inunda con rapidez bajo los estragos del cambio climático, y de acuerdo con expertos, se estima que se sumerja por completo en 2050. Esta es la primera vez que un Estado latinoamericano reubica a una comunidad completa de refugiados climáticos, de acuerdo a datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En el Gobierno del ahora expresidente panameño Laurentino Cortizo, se invirtieron 12.2 millones de dólares para desarrollar la infraestructura necesaria para albergar a más de mil trescientas personas en situación de peligro.

Sin embargo, lo anterior careció y ha carecido de una planeación adecuada por el mencionado rezago de los Gobiernos a hacer frente a este tipo de desafíos, que, a su vez, se tornan complejos debido a diferentes circunstancias. Por ejemplo, la mudanza de los pobladores de la isla originaria de Cartí hasta el nuevo destino (situado a una hora por carretera y lancha), comenzó sin los servicios básicos de agua y luz, por lo que parte de esta comunidad mostró su inconformidad ante ello, así como con demás aspectos relacionados a su cultura. Atilio Martínez, historiador Guna declaró “El Gobierno construyó cajas de fósforos que no tienen en cuenta nuestras tradiciones indígenas; no nos tuvieron en cuenta, nos sacan corriendo de aquí como si se fueran a hundir mañana. No es así ni vamos a ser los únicos”.

La comarca de Guna Yala lleva décadas adaptándose al incremento del nivel del mar. Como parte de las medidas que han llevado a cabo se encuentra la ampliación de la isla con relleno de corales y cemento, así como la reubicación de casas de la orilla al centro.

En relación con lo anterior, se constata que el desplazamiento por condiciones climáticas es un suceso suficientemente complejo que implica el análisis multidimensional de cada uno de los casos que conlleven una situación de riesgo.

El caso de México

A casi cuatro mil kilómetros de Panamá, se encuentra otra situación de urgencia y gran preocupación: La comunidad “El Bosque”, Centla, Tabasco.

Aunque desde hace varios años la población vivía las consecuencias del impacto climático, es a partir de los años 2020-2021 cuando la situación empeoró de manera significativa, volviendo imprescindible su traslado. Con ello, se convirtieron en la primera comunidad reconocida como desplazada climática en México y sujeta a un proceso de reubicación comunitaria.

Bajo el apoyo y presión de líderes de familias y diversas organizaciones civiles, en 2022 se exigió y promovió el desplazamiento de los pobladores; Posteriormente, fue aprobado por unanimidad un dictamen para reubicarlos y devolverles de esta manera una mayor seguridad y el derecho a una vida digna.

El derecho a un medio ambiente sano

Actualmente, diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales y otros actores, continúan en la lucha para la protección de los derechos de la población que sufre estragos a consecuencia de los efectos del cambio climático. Los casos de Panamá y México, son tan solo algunos de los que -desafortunadamente- se presentan como consecuencia de la precariedad de planes tanto regionales como globales para la mitigación de los gases de efecto invernadero, por lo que se estima que de continuar estas mismas condiciones, cada vez más comunidades quedarán desprotegidas, por lo que esta situación debe tratarse como la emergencia que representa, de la mano de todos los niveles de gobierno y con el reforzamiento de la cooperación internacional.

LUZ MARÍA GALLARDO CASTRO es licenciada en Negocios y Comercio Internacionales por la Universidad de Sonora, maestra en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Compostela, España y estudios especializados en la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como consultora independiente y profesora en la Coordinación de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Twitter @LMariaGallardo.