Este fin de semana, llamó la atención la Cumbre Minera, donde los involucrados hablaron de los asuntos que competen a una industria necesaria que mantiene una evolución profunda. Si en política la forma es fondo, llamó la atención la presencia, aunque fuera virtual, de los gobernadores de Sonora, Coahuila, Guanajuato y de funcionarios de alto nivel de otros estados donde la minería es fundamental para el desarrollo económico y los compromisos que los mandatarios hicieron con los trabajadores y empresarios de la industria. Dados los factores involucrados en cada proyecto minero, la acción real de los gobiernos estatales resulta fundamental porque no sólo garantizan que se respete la legislación y se comprometan amplísimos respaldos al medio ambiente, también funcionan como mediadores entre las industrias y las comunidades en las que se asientan y a las que contribuyen a desarrollar mediante la generación de empleos directos, indirectos, además de infraestructura y, en la nueva práctica de minería sustentable, la recuperación del medio ambiente.
En Morelos, aunque hay más de 50 concesiones mineras y unas 15 industrias del ramo funcionan, el proyecto minero más importante se mantiene detenido y el involucramiento del gobierno estatal en la generación de condiciones para que las minas operen en condiciones seguras para todos (incluidos los concesionarios) es totalmente nulo. En descargo del gobierno estatal podría decirse -y es la opinión casi general de los empresarios locales de todos los ramos- que no se involucra tampoco en casi ninguna categoría del desarrollo económico, probablemente por una mal orientada apuesta al turismo.
Parte de esta omisión, en el caso de la minería, estaría parcialmente explicada por el enorme temor de los políticos a perder popularidad, su notoria incapacidad para enfrentar problemas complejos, o una combinación de ambos factores.
La industria extractiva tiene mala prensa en general: la incesante actividad de activistas que lucha por el medio ignorando las transformaciones que ha tenido el sector minero desde el desarrollo de la agenda 2030 de las Naciones Unidas y los proyectos de sustentabilidad en marcha de la última década en todo el mundo; el silencio con que acostumbran actuar las empresas -en general y la industria en particular; la colección de intereses políticos que van desde lucrar con la pobreza comunitaria hasta posiciones mucho más ideológicas que científicas; y la ignorancia general de los aportes de la minería a la vida diaria, y a la transición energética y el combate al cambio climático. En estas condiciones, parece mucho más sencillo para los políticos morelenses hacerse a un lado que involucrarse en la conciliación de los proyectos mineros con los intereses de las comunidades donde estas industrias se asientan, un esquema que funciona en prácticamente todas las regiones mineras del mundo y que ha demostrado generar beneficios múltiples para las comunidades, las empresas y sus trabajadores, y hasta el medio ambiente. Gracias a este esquema, la industria minera planta más árboles que el Ejército, por ejemplo.
@martinellito
dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
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