“La verdad nos hará libres.”
La reciente reforma al artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México ha desatado una tormenta de especulaciones y falsas interpretaciones que distorsionan su verdadero propósito. … 2. La Ciudad de México asume como principios: … Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal.
Desde que se oficializó esta modificación el 2 de septiembre, encabezada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, una oleada de desinformación ha empañado lo que debería ser una clara armonización entre los principios de propiedad privada, pública y social, conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propiedad privada, se refiere al derecho de los individuos a poseer, usar y disponer de bienes materiales según las leyes establecidas. Por otro lado, la propiedad pública y social abarca aquellos bienes que pertenecen al Estado o a las comunidades, destinados al beneficio común y al desarrollo social. Sin embargo, el ruido mediático ha transformado un acto de homologación en un campo de batalla ideológico, donde la verdad lucha por abrirse camino entre la niebla de la manipulación.
Contrario a lo que se ha propagado, no se diluye ni destruye el derecho a la propiedad privada. Más bien, lo ubica dentro de un marco donde se reconocen igualmente la propiedad pública y social, tal como lo establece la Constitución Federal desde 1917.
El impacto de la desinformación es notable. Con la pobreza intelectual que se manifiesta al escribir que “ahora todos los bienes pertenecen al Estado”, o “te quitarán tu casa” las redes sociales y algunos medios de comunicación han jugado un papel clave en difundir la idea falaz de que la Ciudad de México ha abolido la propiedad privada, como si el Estado, de un plumazo, pudiera apropiarse de los hogares y negocios de millones de personas.
El origen de esta reforma, no elimina la propiedad privada, sino que como hemos advertido y reiteramos, la alinea con los principios de la Carta Magna. Enfatiza que la propiedad debe cumplir una función social, y que el Estado tiene la facultad de regularla en beneficio del interés público, siempre respetando los derechos individuales. Su propósito es fortalecer el equilibrio entre lo privado y lo público. Esto responde a una visión más amplia de justicia social y desarrollo equitativo, en línea con el legado de la Revolución Mexicana plasmado en la Constitución del ‘17.
A menudo, la retórica del miedo se antepone a la reflexión serena. Voces en los medios de comunicación han insistido en distorsionar el mensaje, presentando una amenaza inminente a la propiedad privada y a la estabilidad de las inversiones. Insistimos. La propiedad privada no desaparece; se redefine para coexistir en un marco que reconoce la importancia de lo público y lo social.
El verdadero desafío no es la reforma en sí misma, sino el poder de quienes controlan el discurso público. Es una batalla entre el avance hacia un modelo de justicia social y el intento de mantener intactos los privilegios de unos cuantos. En esta confrontación, la manipulación de la información se convierte en el arma más eficaz para sembrar confusión y detener el cambio.
Ahora el reto que enfrentamos como sociedad, es discernir entre el ruido y la realidad; entre la manipulación del miedo y la genuina intención de una norma que busca servir a todos, no sólo a unos pocos. No es una conspiración del Gobierno, es un ajuste necesario para garantizar que la propiedad —sea privada, pública o social— se gestione bajo un enfoque que priorice el bien común.
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
