Esta semana escuché al Subsecretario de Salud Hugo Lopez-Gatell expresar su preocupación por la propagación del virus en las zonas rurales, “en este momento, los patrones de distribución de la epidemia muestran que está relativamente concentrada en zonas urbanas, predomina todavía en los sectores que tienen cierta capacidad económica por encima del promedio, pero en algun momento esta barrera se va a perder, la barrera geográfica y la barrera social, y va a afectar con mayor intensidad a las personas que menos tienen”.
“Soluciones prácticas hay algunas” dijo, “por ejemplo, la responsabilidad municipal, consagrada en el artículo 115 (de la Constitución) contempla el aseguramiento de agua potable y servicios necesarios para la higiene pública como una responsabilidad municipal, entonces en la medida que los municipios tambien contribuyan a este aspecto del acceso a agua potable obviamente estarán contribuyendo a esto” (a evitar la propagación del virus mediante el lavado constante de manos).
Si están confiando en que por estar consagrada en la Constitución, los municipios cumplirán con esa responsabilidad, estamos perdidos. Desde hace mas de 35 años que cambió la Constitución para asignar esa atribución a los municipios la inmensa mayoría no puede cumplir satisfactoriamente con ella.
Según datos oficiales (INEGI, 2015), poco más del 95% de la población de México dispone de agua potable. Sin embargo, esa cifra no reflejan más que la existencia de algún tipo de infraestructura, no el alcance real del acceso al agua en los hogares. Es decir, muchas personas tienen una red de agua, un tubo que podría llevarles agua hasta su casa, pero en muchos casos, ese tubo no lleva agua, o si la lleva no es de manera contínua, y muchas veces tampoco de calidad potable. Y si vemos los datos al nivel de zonas rurales, las zonas más marginadas del país, el panorama es aún mas sombrío.
Existen cifras que indican que solo el 18% de la población recibe agua de manera continua, el resto, más del 80%, la recibe de manera “tandeada”. Incluso en la Ciudad de México, la más grande del país, el acceso al agua es esporádico y un tanto impredecible. Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 70% de la población recibe agua menos de 12 horas al día. Durante la temporada de estiaje Delegaciones enteras padecen la falta de agua cotidianamente. La gente necesita agua. Los hospitales no pueden, por ningún motivo, quedarse sin agua.
Por eso, en estos momentos de crisis, no me parece responsable el argumento de que es una atribución municipal, y que son los municipios los encargados de garantizar el servicio (un Derecho Humano, por si fuera poco); debe ser el Estado en su conjunto el responsable, deslindar responsabilidades hacia el eslabon más débil de las tres instancias de gobierno lo único que logrará es ponernos en un mayor riesgo.
Los presupuestos destinados por CONAGUA a los estados y municipios para obras de agua potable han sufrido recortes de más del 88% en el último quinquenio, en el PEF de este año se asignó un presupuesto de menos del 12% de lo que se tenía en 2016. Por otra parte, los costos de operación, en concreto, las tarifas de energía eléctrica, subieron al menos un 60%. Y se les pide que no haya cortes del servicio en esta fase de la contingencia. Es urgente un plan de apoyo a los Sistemas de Agua Potable, al menos con dos puntos: diferir el pago de sus consumos a la CFE y dotarles de insumos para desinfectar el agua. No es algo extraordinario para enfrentar una pandemia.