La foto que en días pasado apareció en primera plana de muchos diarios del país donde se veía presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al Coordinador Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, sugirió un cúmulo de especulaciones sobre lo que pudieron haber platicado.

Este jueves pasado el Senador Monreal presentó una iniciativa que propone ampliar de 11 a 16 en número de ministros de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN).

El proyecto de decreto tiene como objetivo crear una sala especializada en temas de anticorrupción. “El texto destaca que la sociedad solicita una eficiente impartición de justicia que se vea reflejada en el combate efectivo a la corrupción”.

Los medios de comunicación destacaron que la “iniciativa propone que la creación de la nueva sala cuente con la competencia en materia de anticorrupción, incluyendo cuestiones derivadas de la responsabilidad administrativa y delitos que tengan por origen hechos o actos de corrupción en los que participen servidores públicos y particulares”, amén de otro “cúmulo de asuntos que se someten cada año al conocimiento de la sala en materia administrativa y laboral, que no son resueltos en el tiempo, debido a la gran carga de trabajo”.

Muchos son los que nos hemos preguntado, ¿hasta dónde llega la corrupción en el Poder Judicial? La preocupación, desde luego, no es sólo del jefe del Ejecutivo federal que seguramente tiene información de actos de descomposición desde el Poder Judicial y, probablemente también, fue por ello por lo que se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea para poner un dique a la ola de podredumbre donde los jueces pudieran estar involucrados, porque si no se les pone un alto, la Cuarta Transformación no llegará.

La descomposición del poder judicial, a todos los niveles, es lamentable, desde las sentencias que han permitido liberar a pequeños y poderosos delincuentes, lo que les ha autorizado regresar a las calles, a muchos, a repetir sus fechorías, lo mismo a personajes como César Duarte, ex gobernador de Chihuahua a quien un juez federal le otorgó un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra.

Muchos son los casos donde es evidente que detrás de esas liberaciones, está de por medio un acto de corrupción de los jueces, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca se lleve a cabo, en serio, una gran reforma que transforme las instituciones, por lo que es importante desde el Senado analicemos, debatamos y aprobemos la iniciativa del Senador Monreal.

Muchos son los “inconvenientes”, provocadores de la corrupción de quienes integran este poder. Los jueces locales, magistrados y ministros son objeto de presiones de todo tipo o por conveniencia de quienes ejercen otro tipo de poderes: el económico y el político, y sí, también, las “advertencias” de la delincuencia.

En noviembre de 2017, El Sol de México publicó una nota que destacaba: “En los últimos cinco años y medio, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF) sancionó a 117 jueces y magistrados por caer en irregularidades en sus funciones”.

Desde la llegada de la nueva administración, no ha habido día que donde el gobierno federal apriete que no salga “pus”. En el poder ejecutivo, en el legislativo, la corrupción fue escandalosa. Ahora, López Obrador sentó al Ministro Presidente Arturo Saldívar, quien afirmó “Es necesario diseñar estrategias inteligentes para combatir la corrupción que innegablemente existen en el Poder Judicial de la Federación. Tanto en la impartición de justicia como en las funciones administrativas”.

Sin lugar a duda son fuertes las afirmaciones del presidente de la República cuando afirma que los jueces están al servicio de la delincuencia”. La corrupción en el Poder Judicial no es asunto nuevo; era un “secreto” a voces que por “diplomacia política” o mejor dicho por confabulación y conveniencia se toleraba.

Un buen principio que permita llegar a la 4T es hacer limpieza a fondo en el poder judicial.