A principios de este año, participé con un grupo de colegas abogados en la formulación de una estrategia de defensa legal contra la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2 para la prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector” emitido por el gobierno federal a finales del año pasado.
La Presidencia y Secretaría de Salud presentaron y publicaron la primera versión de dicho documento rector en diciembre; y en el mes de enero, hicieron una nueva versión adaptando de forma discrecional y sin fundamentos técnicos, su aplicación a través de brigadas de vacunación. La Política Nacional de Vacunación se combatió mediante juicio de amparo, ya que consideramos que era inconstitucional y violaba derechos humanos, al no contener criterios, ni diferenciar entre distintos grupos de población, condiciones de riesgo y prioridades.
En primer lugar, la Política Nacional de Vacunación es un documento de observación general cuyas acciones tienen efectos de tracto sucesivo, es decir, su aplicación se ha venido materializando no sólo con su publicación, sino fundamentalmente con su ejecución.
Al entrar al estudio de fondo, el Juez de Distrito de la Ciudad de México consideró fundados la violación a los derechos del quejoso a la protección y acceso a la salud, el derecho a la no discriminación, la seguridad jurídica y el derecho a ser informado. Se consideró que la Política Nacional de Vacunación es un documento que de manera simplista define etapas sin considerar criterios de razonabilidad, marcos de referencia con estándares internacionales, ni criterios sobre la situación epidemiológica, contagios, grupos prioritarios o en riesgo, entre otros aspectos.
En virtud de lo anterior, se demostró que el Estado no cumple con la obligación de garantizar el más alto grado de salud posible a las personas, adoptando todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente su plena efectividad, de ahí que la justicia de la unión haya decidido amparar y proteger al quejoso contra la Política Nacional de Vacunación.
Debo aclarar que el amparo no se ganó para el efecto de acceder a una vacuna directamente en beneficio de una persona en lo individual, sino todo lo contrario. La fuerza del amparo consiste en obligar al poder ejecutivo, a la Secretaria de Salud en específico, a emitir un documento rector con enfoque de derechos. El quejoso tiene derecho, como trabajador de la salud en el sector privado, a que la autoridad emita una nueva política sin discriminar y protegiendo su derecho a la salud.
La Secretaría de Salud deberá actualizar permanentemente el programa de vacunación e incorporar criterios técnicos a la Política Nacional de Vacunación, que permitan a la ciudadanía conocer y justificar las prioridades del Estado. Aunque este amparo será recurrido por la autoridad responsable, ya debe considerarse como un gran triunfo contra las decisiones discrecionales e inconstitucionales del Estado. Judicializar las decisiones del ejecutivo no debería ser la salida para acceder a derechos, pero hasta ahora es la única forma de lograrlo.
El pasado 5 de abril de 2021, las Federaciones, Asociaciones y Colegios de Médicos de México volvieron a insistirle al Presidente que considere la condición de riesgo en la que se encuentran las y los médicos del sector público y privado, veremos qué respuesta les dará.
Adelanto que se atenderá después del 6 de junio, porque en estos momentos la prioridad del gobierno-Morena es política-electoral.
César Arenas
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