El pasado martes 23, se llevó a cabo la discusión de la iniciativa preferente del Presidente de la república por la que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica. Más allá de los reiterados argumentos al cuidado del proceso legislativo, que uno a uno se fueron presentando durante una larga sesión del debate para posicionar a favor o en contra del dictamen, hay algunos aspectos generales que quisiera destacar.

La discusión de este dictamen denotó una prisa inusual del partido en el poder para aprovechar su fuerza política en el Congreso de la Unión y no sufrir con su aprobación en la siguiente legislatura.

El dictamen de la iniciativa que se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, surgió de un proceso sin debates ni transparencia suficiente de la comisión dictaminadora, sin considerar la opinión de la comisión de economía. El parlamento abierto fue una simulación y al final, no se modificó ni una coma, tal y como lo pidió el Presidente.

¿Por qué si su propuesta es tan buena, no se abrió sin simulación el debate ni se permitió que resonara al interior las distintas voces que argumentaron en contra de la propuesta? ¿No era una oportunidad para demostrar con argumentos su propuesta?

Como en los viejos tiempos, el uso de la fuerza de la mayoría parlamentaria es la que vuelve a servir para imponer lo que la fuerza de los argumentos no pudo hacer, ni al interior de la comisión dictaminadora ni durante su discusión y aprobación en el Pleno.

Más allá de los debates por temas de procedimientos y confrontaciones políticas para desviar la discusión de fondo, el debate que Morena realizó para argumentar a favor giró básicamente entorno a dos variables: la soberanía energética y la defensa del pueblo contra la corrupción.

De acuerdo con el grupo parlamentario de Morena, ellos y sólo ellos son los únicos que se han fundido con el pueblo y lo representan indudablemente. Son ellos los que, obedeciendo su mandato, realizaron cambios por tratarse de una causa sentida del pueblo y, por lo tanto, todo lo que se opuso a este propósito es una traición.

Como un enorme manto protector, se usó a la Soberanía para defender la propuesta, como si este concepto no estuviera supeditado a una serie de variables que nos impone la realidad del México en el siglo XXI y su futuro a corto, mediano y largo plazo.

Con 169 votos en contra y 304 votos a favor, finalmente se aprobó una reforma eléctrica que ya estaba anunciada. Con la decisión, se diluyó la esperanza de que Morena sería sensible a los argumentos de los distintos sectores y posicionamientos internacionales sobre la violación a la ´libre competencia constitucional, las sanciones comerciales por el TMEC, los daños al ambiente y los precios caros que se verán reflejados en el servicio.

En el fondo, lo que esta modificación implica entreveladamente es que la CFE concentre el poder para reconfigurar el mercado de suministro de los proveedores de energía eléctrica, por lo que quedará en la responsabilidad del gobierno establecer criterios que permitan dar certeza a los participantes del mercado y establecer reglas de competencia justa.

En un gobierno caracterizado por un fuerte contenido ideológico populista, difícilmente creo que esto será posible, por lo que tal vez nuevamente veremos en la puerta de la Corte realizar un control de constitucionalidad para el efectivo equilibrio de los poderes y desarrollo del país.

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