El INE tiene que resolver en los próximos días la integración de las cámaras de diputados y de senadores, de acuerdo con los resultados de la votación del 2 de junio.

La votación le otorgó a Morena y sus aliados PT y Verde el 55% de los votos en la elección de diputados; la coalición PRI-PAN-PRD obtuvo el 30%, Movimiento Ciudadano el 11% y el resto fueron votos nulos.

En México la composición de la cámara de diputados es mixta, 300 diputados de mayoría (los que ganan los distritos), y 200 de representación proporcional (plurinominales).

Si revisamos los resultados distritales, Morena y aliados ganaron 256 distritos, la coalición 42, MC un distrito y un candidato independiente.

Tomando en cuenta solo los resultados distritales, es decir, si no existieran los plurinominales, al partido gobernante y aliados les correspondería el 85% de los diputados totales con tan solo el 55% de los votos, estarían sobre representados en un 30%, algo totalmente injusto que no refleja la voluntad ciudadana; precisamente para evitar esa sobre representación existen los plurinominales.

Sin embargo, la ley permite una sobre representación máxima del 8%, herencia del priísmo. Bajo esta premisa a Morena y aliados les correspondería 55+8=63% máximo, es decir 315 curules, a la oposición 185, no más.

Las cuentas que hace el gobierno y Morena, muy proclives a los otros datos, arrojan del orden del 75% de la cámara, 375 diputados. Esto les permitiría tener una mayoría calificada de más de las dos terceras partes y con esto poder reformar la Constitución. La mayoría calificada se alcanza con 334 votos.

¿Para qué quieren mayoría calificada? Para impulsar la reforma al poder judicial, para desaparecer organismos autónomos como el INAI, para impulsar la reforma electoral y desaparecer a los plurinominales; controlar y concentrar todo el poder, van por todo.

Es un retorno al pasado, al viejo régimen priísta del siglo XX, la dictadura de partido.

A eso nos quieren llevar, por eso el gobierno necesita a como de lugar la mayoría calificada. Algunas de las reformas las quiere impulsar en septiembre, en particular la reforma judicial que impulsaría el despropósito de la elección directa de ministros, magistrados y jueces. El presidente tiene prisa para desmantelar a la SCJN.

Por lo anterior, la decisión que deberá tomar el INE y después el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación es de la mayor trascendencia para e futuro de nuestra democracia.

Tienen dos caminos: respetar la voluntad ciudadana para lograr una integración de la Cámara de Diputados proporcional a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, o bien otorgándole al gobierno y sus aliados la sobre representación que les permita modificar la Constitución para impulsar sus reformas regresivas.

Por cierto esas mismas reformas serían para el INE y el Tribunal Electoral, su propia guillotina.

Las siguientes semanas serán decisivas para definir la integración del Congreso de la Unión, de esto dependerá que persista nuestra democracia como la conocemos o vayamos en el camino de la instauración de una dictadura de partido de estado en donde las minorías están subrepresentadas y marginadas.

De la decisión del INE y del Tribunal Electoral dependerá que se concrete la intención de concentrar nuevamente el poder en un presidencialismo exacerbado, alejándose de los pesos y contrapesos que le dan sentido a la democracia.

Estemos muy atentos y no permitamos este retroceso que nos leve a una dictadura de partido similar a la cubana.