Ivvoné López
La forma en la que el Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue detenido y puesto bajo proceso penal, tiene un claro trasfondo político: El proceso de designación de gobernador sustituto, tras la esperada solicitud de licencia de Cuauhtémoc Blanco, para retirarse del cargo de gobernador e irse a competir por otro cargo de elección popular a la Ciudad de México.
Jurídicamente, la detención del Fiscal no se efectuó mediante procesos transparentes, ni con el propósito de hacerle justicia a los familiares de la joven Ariadna López, pues al fin y al cabo los responsables de su asesinato están presos y bajo proceso penal. Es decir, la impartición de justicia ya se consumó.
La detención del Fiscal, Uriel Carmona, es un acto de poder y de autoridad al más alto nivel. Los actores políticos que no lo quiera ver de esa manera, cometerán graves errores. En los próximos días, con otro acto de poder, desarticularán al grupo de legisladores y legisladoras que conforman el G-15.
Esto ya se veía venir, pues la Secretaría de Gobernación y el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, tenían información sobre una estrategia política, consistente en proceder penalmente en contra del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, en el momento en que pidiera licencia para separarse del cargo.
Paralelamente, según la estrategia, el gobernador sustituto habría de ser designado por las y los integrantes del G-15. De hecho, se hablaba de que sería el propio Fiscal Uriel Carmona, o alguno de los 15 diputados el ungido para sustituir a Blanco Bravo. Al final esta estrategia quedó desarmada con la detención del Fiscal y se reafirmará con lo que ocurrirá en los próximos días.
El presidente no está protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, en realidad le está dando condiciones para que pueda ser candidato a algún cargo de elección popular y esta protegiendo su proyecto que no es otro que la sucesión presidencial.
Efectivamente, Cuauhtémoc Blanco tiene varias carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado. Se ha dicho que algunas de esas indagatorias son por sus probables vínculos con la delincuencia organizada y otras más, por violencia y abuso sexual.
El presidente no se iba arriesgar a que detuvieran a Cuauhtémoc Blanco, a que mancharán políticamente a Morena, pusieran en riesgo la sucesión presidencial, ni a que el G-15 les arrebatara la gubernatura con la designación de un gobernador sustituto, que no fuera del movimiento.
Ahora, Cuauhtémoc Blanco tendrá que hacer lo que le diga el presidente, tendrá que inscribirse y competir por el cargo público que le indiquen desde Palacio Nacional. Y por supuesto que el gobernador sustituto será procesado directamente por la Secretaría de Gobernación, que encabeza la joven Luisa María Alcalde Luján. Son dos nombres los cuales se empiezan a mencionar en la Ciudad de México como probables aspirantes a convertirse en gobernador sustituto.
El primero, es Juan Salgado Brito y el segundo, David Jiménez González. Para cualquiera de los dos, sus sueños de ser gobernador, aunque sea por un año, se les cumpliría, pues han ansiado el cargo desde hace mucho tiempo y por distintas circunstancias nunca lo lograron.
Ambos actores son cercanos y reconocidos por Andrés Manuel López Obrador, más el primero que el segundo. Cualquiera de los dos, tienen la capacidad política para recomponer toda la crisis política y de Poderes que vive el Estado de Morelos.
Lo que viene es de pronóstico reservado, pero seguramente vendrán actos y mensajes políticos dirigidos a las y los diputados del G-15, quienes estarán en la disyuntiva de pactar o continuar con la desgastante confrontación. El Fiscal podrá ser puesto en libertad, pero con su renuncia a la Fiscalía por delante.
