Felipe Bonilla Sánchez
En estos días, se ha escuchado y leído sobre la búsqueda de los consensos tanto en la cámara alta como en la baja, a fin de aprobar una serie de modificaciones dentro de uno de los tres poderes del estado mexicano, como lo es el Poder Judicial. Sin embargo, debemos recordar que dicha iniciativa fue presentada el pasado 5 de febrero del año en curso.
Entre los principales cambios propuestos por el gobierno en turno, son:
- Reducción de la Corte
- Ministros y jueces, a las urnas.
- Dos órganos regulatorios
- Plazos para resolver conflictos
- Sistema replicado en todo el país
Por lo anterior, es necesario analizar algunas problemáticas de las cuales, se pudieran generar de forma simple, como es:
Según el análisis de la iniciativa de Reforma del Poder Judicial en México, editada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su segregación, estable de forma imperante que la elección popular de personas juzgadoras no garantiza que las personas electas cuenten con los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar la función judicial.
Además, de poder caer en posibles destituciones, de servidores judiciales que pudiera desencadenar juicios laborales, por la falta de continuidad en cargos para determinados periodos constitucionales, así como la nula existencia de mecanismos de justicia abierta y de participación ciudadana.
Esta propuesta de reforma no presenta, el principio de gradualidad para su implementación, lo que se evidencia la falta de operatividad, en períodos de mediano y largo plazo. Sumado a claros ejemplos ya ocurridos en América latica.
Por otro lado, el bajar el número de ministros y ministras de 11 a 9, pudiera desencadenar una posible parálisis judicial, por el rezago en el tratamiento de juicios, ya que exige un alto número de expedientes que llevan retrasos en sus tiempos, por falta de personal para atender dichos casos.
Pudiéramos decir que, entre las propuestas, puede haber beneficios para el sistema judicial en México, sin embargo, dar ese paso, no es tan sencillo. Las instituciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desempeñan un papel crucial en contrarrestar los excesos del Poder Ejecutivo y Legislativo, asegurando así un equilibrio de poderes. Los llamados pesos y contrapesos.
Sin lugar a dudas, las instituciones públicas, deben continuar sus procesos de maduración, a través de un seguimiento basados en la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación de los principios democráticos ante cualquier intento de socavarlo. Concluyo con la siguiente consideración, la legitimidad depende muchas veces no de las urnas, sino de la eficacia y eficiencia de sus resoluciones en materia judicial.
Seguimos trabajando, ¡nos leemos pronto!
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