El pasado 3 de septiembre fue un día histórico para el país y su vida democrática, ya que se votó y aprobó la reforma al Poder Judicial, que incluye importantes cambios a éste, resaltando entre ellos el derecho ciudadano a elegir a nuestras y nuestros jueces, magistrados y ministros; la reducción del número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia; la creación del Tribunal de Disciplina Judicial; el establecimiento del servicio de justicia gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Todas estas modificaciones han venido bien a una sociedad cada vez más receptiva y participativa.
Estos cambios, al contrario de lo que comentan algunos sectores, sobre todo de la oposición, buscan democratizar el ejercicio de la aplicación de justicia en el país; es decir, que esta sea pronta y expedita por igual para toda la población, pues particularmente para los grupos vulnerables la justicia no era para todas y todos. Es necesario tener un Poder Judicial más sensible y cercano a la gente.
Quienes afirman que no están buscando a los mejores perfiles para integrarse al Poder Judicial faltan a la verdad e intentan confundir diciendo que cualquier persona podrá optar a esos cargos. Si bien la reforma constitucional busca el acercamiento entre el pueblo y este Poder de la Unión, las y los más de 10 mil aspirantes que se han inscrito —tan sólo en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo— deben cumplir con una serie de requisitos y pasar por un proceso que no es sencillo, pues serán sometidos a un verdadero escrutinio tomando en cuenta incluso su historial académico, entre otros aspectos.
El requisito de las cinco cartas de referencias, por ejemplo, ha recibido críticas, pero recordemos que nuestra propia Carta Magna contempla el requerimiento de “gozar de buena reputación” para poder ocupar cargos de elección popular.
La sociedad decidió en las urnas el pasado 2 de junio y la inscripción de aspirantes a este proceso en el Poder Judicial reafirma esa decisión. Ha sido un proceso popular y entregado al pueblo desde su diseño, por lo que se augura su éxito. Ahora, más allá de celebrar la postulación de algún familiar, conocido o gente de su misma colonia, el pueblo festejará que por primera vez conocerá a sus impartidoras e impartidores de justicia, porque también por vez primera elegirá a quienes lo representarán en esta función tan importante para la vida del país.
No subestimemos al pueblo insinuando que será incapaz de poder elegir a 850 personas que ocuparán sendos puestos judiciales, cuando en los pasados comicios, y en general, cada tres y seis años, vota por cerca de 20 mil aspirantes a cargos de elección popular. Su capacidad de reconocer o castigar a malos gobiernos mediante el voto hoy nos permite tener la mayoría en ambas cámaras legislativas federales, la mayoría de entidades federativas gobernadas por Morena y el liderazgo de la primera presidenta de este país.
En el Poder Legislativo hemos estado atentos para dotar de herramientas jurídicas al Gobierno encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, con el objetivo de hacer frente a los retos que tiene México. Los temas de seguridad y combate a la corrupción son prioritarios, y el primer gran operativo (Enjambre) realizado en este sexenio es una muestra de la voluntad política y del anhelo que tiene esta administración por ver cambios positivos en el país.
Todo esto es signo de que vamos avanzando como sociedad y Gobierno, hacia un país con una vida cada día más democratizada y participativa, donde autoridades y sociedad caminan codo a codo, haciendo frente a los retos con valentía y con más unidad que nunca.
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