Con una tasa de informalidad calculada en 65.2 por ciento durante el último trimestre de 2018, y la mayor concentración de población en la Cuernavaca y sus municipios conurbados, el fenómeno de control con el que esos informales son sometidos por grupos de poder es groseramente obvio y deriva siempre en hechos violentos siempre terribles aunque en grados diversos.

¿Quiénes de han beneficiado de esta forma de control político y económico? Primero los dirigentes que reciben dividendos enormes por la explotación evidente de quienes menos tienen y deben dedicarse a actividades no reguladas por la ley, principalmente en el comercio informal; luego, los politiquillos que aprovechan la tolerancia que pueden trocar por apoyo en grupos de choque e insignificantes multitudes para los mítines con que torturarán, tarde o temprano a parte del electorado. También obtienen beneficios quienes acostumbran comprar chueco, lo que sea, en muchas ocasiones mercancía ilegal y en otras de por lo menos dudosísima procedencia. Difícilmente logra beneficios quien vende de manera informal, cierto, tiene una forma de ganarse la vida pero de alto riesgo y sin mayores beneficios que la venta del día, de la que debe reservar moches para el dirigente y para las autoridades que lo toleran.

Las afectaciones, en cambio, son enormes. En términos fiscales, más de la mitad de los morelenses no contribuye, o contribuye muy poco con impuestos que podrían orientarse al desarrollo o subsistencia de las instituciones que todos utilizamos. Los comercios establecidos también sufren por la competencia desleal y las condiciones de inseguridad que se asocian siempre al comercio informal; muchos de los establecidos son obligados a la mala a aceptar a los informales, quienes incluso llegan a bloquear sus locales.

Sin afán de criminalizar a todos quienes se dedican al comercio informal, lo cierto es que bajo la idea de “oportunidades para los que menos tienen”, se ocultan muchos delincuentes de todo tipo, y un número importante de ellos ha exhibido en múltiples ocasiones, una espantosa propensión a la violencia incluso sin provocación. El deslinde del gobierno estatal respecto del proyecto de reubicación del comercio ambulante y su anuncio de aplicar el decreto para liberar a la Plaza de Armas de esta actividad, es jurídicamente correcto. Habrá que admitir que, después de haber presidido reuniones para lograr un programa de reordenamiento de ambulantes que culminaron con el asesinato de dos dirigentes sindicales, el deslinde suena a claudicación. Cierto que a la autoridad estatal no le corresponde el reordenamiento de los ambulantes, pero su presencia habría ayudado a destensar a los grupos en conflicto perpetuo por el control de esa actividad en el centro de la ciudad y a ofrecer fuerza (por lo menos en términos de imagen) a un Ayuntamiento que poco ha podido para reordenar a estos grupos que se perciben muy poderosos.

En efecto, sería impensable que el Ayuntamiento pueda meter al orden a los antros que funcionaban de manera ilegal en todo el municipio, un proceso que está en curso; y no sea capaz de enfrentar al ambulantaje (hizo un operativo un día y al otro ya estaban de vuelta); si no consideramos el poder enorme que los dirigentes sindicales presumen tener y que rebasa desde hace muchas administraciones a alcaldes y hasta a gobernadores, que les ofrecen mayor control a cambio de apoyos de lo más diversos, pero siempre bajo esquemas de corrupción. Si los hechos de este miércoles están directamente relacionados con la lucha por el control del ambulantaje y los espacios para esta actividad, algo que las investigaciones tendrán que determinar muy pronto, la acción de los gobiernos estatal y municipal será inaplazable; si no es así, pueden esperar unos días.

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