La suspensión temporal del plan B electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no significa una derrota ni un fracaso. Las y los ministros tendrán que analizar el fondo de las reformas a distintos ordenamientos jurídicos y determinar cuales de ellos avanzan y cuáles tendrían que entrar a una nueva modificación.
Así que aún esta vivo el plan B y la democracia aún no ha muerto, se tiene que lograr que en México existan elecciones limpias y creíbles. Ya no se deben permitir fraudes electorales como el perpetrado en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el 2006.
La suspensión temporal del plan B sólo ha generado indignación de millones de mexicanos que exigen elecciones limpias y árbitros imparciales, que estén al lado del pueblo y no de los intereses mezquinos de los partidos políticos.
Los consejeros del INE han traicionado a México, pues tenían la obligación de mantener un papel neutral, en la vida política del país, pero optaron por el activismo político al lado de la derecha. Con sus acciones, ponen en riesgo la imparcialidad de las próximas elecciones, porque en los últimos años han demostrado su estrecha vinculación con la oposición (PRI, PAN y PRD).
No se tiene que olvidar que el plan B fortalecerá la democracia directa, el voto ciudadano, la austeridad en campañas y la participación social. Incluso, no sé tiene que olvidar que con esa reforma se acabará con "burocracias doradas", lujos y derroches del Instituto Nacional Electoral.
Es evidente que los Poderes Ejecutivo y los legisladores de Morena en el Congreso de la Unión habrán de responder jurídicamente a la controversia constitucional, pues el fondo del objetivo es garantizar elecciones libres y transparentes.
Las y los ministros están en la disyuntiva de fortalecer la democracia o alentar la consumación de fraudes electorales. En ese gran dilema están metidos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes determinarán las reformas que quedarán vigentes y las que tendrán que ser suspendidas de manera definitiva.
En este contexto, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia deberán de valorar el interés general de las y los mexicanos, por encima de intereses de la oligarquía mexicana que quiere conservar sus privilegios, en contra del bienestar social de las mayorías.
Así que, no todo está perdido, el plan B tendrá que ser sometido a una revisión y a un análisis a fondo. Lamentablemente con la suspensión del plan B, se mantiene la burocracia dorada del INE, seguirán los altos salarios para los consejeros electorales y se da viabilidad para que Lorenzo Córdova y Ciro Muralla. Quienes concluyen en abril su gestión, se vayan con las bolsas llenas de dinero al recibir un haber de retiro de casi 10 millones de pesos cada uno de ellos.
Senadora Lucía Meza Guzmán
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