Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirman que tienen todo el derecho a percibir las remuneraciones que se les paga mensualmente, porque así lo marca la ley.
Tienen la razón si partimos de lo estipulado en el artículo 94 constitucional donde se prohíbe la reducción de salarios de los servidores públicos del Poder judicial, pero no, si nos basamos en el artículo 127 de la carta magna que prohíbe sueldos superiores a lo que gana el presidente de la República.
Al revisar la historia de la humanidad, cuántas leyes no han tenido que crearse o reformarse derivado de las injusticias. No podemos olvidar los cambios que sucedieron después de la revolución francesa o del apartheid, sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, que gracias a aquellos movimientos que sucedieron, permitieron un cambio sustancial a pesar de la oposición de los grupos de poder a que se sucedieran cambios de fondo.
Como abogados que son, los representantes del poder judicial, como es lógico, defienden lo establecido en el 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mientras tanto, en el poder legislativo tenemos como facultad poder llevar a cabo reformas a las leyes y, desde luego, a la carta magna.
Los ministros rechazan ganar 600 mil pesos. “Es falso”, han afirmado de manera contundente pero también de manera hipócrita y embustera, porque realmente su percepción mensual equivale a 578 mil 186 pesos, poco menos de 12 mil pesos de la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador que lo redondeó en 600 mil.
Dicho monto representa su sueldo base más la suma de diversos conceptos: seguros de gastos médicos, de vida, de riesgo, pago de celulares, lentes, chofer, mantenimiento de sus casas, entre otras cosas más, pero peor aún, nunca los hemos escuchado, como “defensores” del derecho a salvaguardar a trabajadores como aquellos que apenas si ganan 10 mil pesos mensuales.
El presidente de la República, ante la negativa del poder judicial de bajarse sus percepciones, afirmó que los ministros de la Corte “se equivocaron”, además señaló que pusieron un “mal ejemplo quienes deberían impartir justicia”.
La única defensa en que soportan su argumentación para seguir ganando lo que han estado percibiendo, es que tienen un “derecho adquirido”.
En pocas palabras lo que pretenden es fetichizar lo que en el fondo hay, diciendo, como afirman, que “es” constitucional, el salario que perciben, pero que es falso que sea “exagerado y grosero” que, al año, tanto los ministros de la Corte como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reciban 6 millones 938 mil 234 pesos.
¿Si este monto no es exagerado ni grosero, cómo se le puede llamar?
En tal sentido, el derecho vigente en materia de remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación puede ser justo a partir de los intereses de ministros y magistrados, pero si observamos que el derecho debe anteponer el interés superior de las mayorías, el poder legislativo está obligado a hacer las reformas necesarias a leyes y a la misma Constitución, bajo el principio que la legitimidad es la expresión del pueblo y el pueblo es soberano, y éste faculta a las y los diputados y senadores a legislar para abrogar lo injusto y reponer lo justo.
No sólo como ha dicho López Obrador, sino como lo afirma la población misma, “no es posible que haya funcionarios públicos en el país habiendo tanta pobreza que ganen 600 mil pesos mensuales, permitamos una ofensa al pueblo de México y un acto de deshonestidad”.
Por lo pronto, es una buena señal la reunión que tuvieron el miércoles pasado, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado y el diputado Pablo Gómez con el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para encontrar una solución justa.
