La semana pasada comentamos los cambios más importantes en política social que habían quedado delineados desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF). En seguimiento al tema, recientemente la Secretaría de Bienestar publicó los Lineamientos de operación de los Programas Integrales para el Desarrollo (PID) en el DOF y en los últimos días hemos visto distintos eventos de Presidencia entregando apoyos.
Desde la Secretaría de Bienestar y en varios mensajes de AMLO, se ha dicho que el instrumento clave que utilizarían para otorgar los apoyos sería el “Censo para el Bienestar”, a fin de validar los padrones de personas beneficiarias y registrar a posibles beneficiarios en los programas prioritarios de la Secretaria: (1) Jóvenes construyendo el futuro; (2) Becas para jóvenes; (3) Pensión para adultos mayores; (4) Pensión para personas con discapacidad; (5) Crédito a la palabra; (6) Reconstrucción para damnificados; (7) Desarrollo urbano en colonias marginadas; y (8) Apoyo a pymes.
Los Lineamientos publicados sintetizaron en cinco artículos sus ejes principales. En principio, se dice que estos programas están señalados en el PEF, pero no existe ninguna referencia explícita como PID; por lo que habrá que considerar no sólo a los 8 prioritarios,sino también los clasificados en el anexo 14 para la atención de grupos vulnerables. AMLO habló antier en Iztapalapa en este sentido más amplio,al referirse a los distintos apoyos, pensiones, becas y microcréditos que se han comenzado a otorgar.
En términos de planeación de la política social, los Lineamientos dan prioridad a las personas de zonas indígenas, mayor grado de marginación y zonas con altos índices de violencia; además,se promoverán mecanismos de participación comunitaria y contraloría social. Otro elemento a destacar es que se enfatiza el propósito de otorgar los apoyos de forma directa y sin intermediarios a los beneficiarios, con tarjetas bancarias o a través de las dependencias.
Además, se conformará un Padrón que será actualizado y auditado periódicamente por la Secretaría de la Función Pública. Y finalmente, se dice que en las reglas específicas se estipulará la forma como debe ser “la entrega de beneficios, así como la temporalidad, continuidad y permanencia de beneficiarios de los mismos”.
En términos de procesos institucionales, me parece adecuado que en los hechos estén considerando muchas de las capacidades desarrolladas en los últimos años para coordinar instancias, potenciar recursos, definir prioridades y comprometer recursos mediante los instrumentos normativos. Por ejemplo, al considerar el padrón se dará continuidad a la construcción del Padrón Único de Beneficiarios (PUB).
Levantar Censos para corroborar e incorporar beneficiarios es otro aspecto de continuidad, ya que,tanto en el país como en Morelos, en años pasados se llevaron a cabo distintos ejercicios para conocer las condiciones socio-económicas en los hogares. Primero fue con la Cruzada contra el Hambre, luego con la estrategia ENI y al final, se complementó en paralelo con el FAIS. Sin mencionar los levantamientos de actualización que de forma cotidiana realizan las dependencias o entidades en sus respectivos programas.
Las experiencias en cada levantamiento fueron acumulativas y permitieron mejorar muchos de los resultados; pero no es una actividad sencilla. El “Censo para el Bienestar” sin duda tendrá dificultades, por lo que es recomendable considerar la experiencia documentada y los casos como el de Querétaro,donde recientemente se presentaron los resultados de su censo.Por otro lado, el uso de tarjetas bancarias también es una práctica bastante conocida quetiene aspectos susceptibles de mejora para que dicho instrumento de pagosea eficaz.
Desde septiembre cuando se anunció la creación de la Secretaría del Bienestar se dijo que llevarían a cabo una reingeniería administrativa de la política social, con la intención de trabajar directamente en comunidades y aligerar las reglas de operación para evitar excesiva regulación y burocracia. No obstante, difícilmente se podrán reducir o llevar al mínimo las reglas, lineamientos, manuales, procedimientos o protocolos si quieren mantener buenas prácticas en planeación, programación, control, monitoreo, evaluación y fiscalización.Lo que ocurrió con la Cruzada Nacional contra el Hambre es un buen ejemplo ya que, si bien publicó un decreto sencillo al arranque, se estableció trabajar directamente en campo y crear contralorías ciudadanas, hubo tantos vacíos operativos que tuvieron que llenarse sobre la marcha con la consecuencia de retrasar la comprensión las actividades y los objetivos.
Finalmente, la planeación territorial mantiene los mismos criterios de priorización y aunque ahora incorpora abiertamente a las “zonas con altos índices de violencia”desde lo social, en realidad se trata de un aspecto que ya se venía trabajando directa o indirectamente en las Secretarias de Desarrollo Social,a través del entonces Programa Nacional Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Hemos visto el arranque de los PID con muchas características de continuidad que consideramos adecuados; sin embargo, llama la atención que no se hace ninguna referencia a la coordinación, cooperación ni a la concertación social con los gobiernos locales, las OSC y los ciudadanos. Lo que presupone una concentración operativa desde la federación.
